Por: Juan Pablo Pérez, Comunicador Social y Periodista
La reciente prohibición de ciertas redes sociales en Australia ha encendido un debate global sobre la libertad de expresión y la seguridad digital. Este país, conocido por su enfoque riguroso en la regulación de contenido en internet, ha dado un paso que algunos aplauden como una medida necesaria para proteger a sus ciudadanos, mientras que otros lo consideran un ataque frontal a las libertades individuales. En ese orden de ideas, es crucial analizar no solo las razones detrás de esta decisión, sino también sus implicaciones y la posibilidad de replicarla en países como Colombia.
La decisión australiana y su contexto global
Australia, en los últimos años, ha liderado varias iniciativas destinadas a regular el contenido digital. Una de las más notorias fue la introducción de leyes que obligan a las empresas tecnológicas a pagar por las noticias compartidas en sus plataformas. En esta ocasión, el gobierno australiano justificó la prohibición de redes sociales específicas argumentando que éstas presentan riesgos significativos, como la propagación de desinformación y el impacto negativo en la salud mental de los usuarios más jóvenes.
Otros países también han adoptado medidas similares, aunque con diferentes motivaciones. Por ejemplo, India ha prohibido aplicaciones chinas, incluido TikTok, por preocupaciones de seguridad nacional, mientras que China aplica estrictos controles sobre todas las plataformas digitales, tanto locales como extranjeras. En contraste, Estados Unidos ha planteado restricciones en casos específicos, como las investigaciones sobre TikTok, pero sin llegar a una prohibición generalizada.
Según el analista digital James Lewis, del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, “estas decisiones reflejan un balance entre la seguridad y la libertad que cada país debe determinar por sí mismo”. Sin embargo, también advierte sobre los riesgos de convertir estas medidas en herramientas de censura.
¿Podría aplicarse una medida similar en Colombia?
En el caso de Colombia, un país con una estructura democrática y una constitución que garantiza la libertad de expresión (en teoría), una medida como la prohibición de redes sociales enfrentaría una resistencia significativa. Además, la sociedad colombiana se caracteriza por un uso intenso de estas plataformas – ya muchos estudios lo han demostrado así -, no solo para el entretenimiento, sino también para la educación, el comercio y la política.
Es importante señalar que, si bien las redes sociales tienen aspectos positivos, también han sido un medio para la difusión de noticias falsas y el ciberacoso. Entonces, ¿es viable pensar en una regulación estricta sin llegar a la prohibición? La respuesta parece inclinarse hacia la necesidad de un equilibrio. “En lugar de prohibiciones, los gobiernos deberían enfocarse en la alfabetización digital y en fortalecer los marcos regulatorios existentes”, sugiere Ana María Ramos, experta en tecnología y sociedad.
Asimismo, una prohibición podría generar un efecto adverso en Colombia, dado que muchas personas dependen de las redes sociales para obtener información y para expresar sus opiniones en un contexto de alta polarización política. Por consiguiente, es necesario analizar cuidadosamente el impacto de cualquier medida que limite el acceso a estas plataformas. Sin embargo, aplicar la prohibición a los adolescentes no es algo descabellado y varios colegios ya restringen el uso de dispositivos electrónicos durante los horarios escolares.
Un ejemplo concreto de esta necesidad de intervención responsable acaba de materializarse en Colombia, donde el Congreso da pasos significativos hacia la regulación digital. La reciente aprobación en el Senado de un proyecto de ley que busca controlar el acceso de menores de 14 años a redes sociales revela la complejidad del desafío. Con datos reveladores que indican que el 40% de los menores latinoamericanos usan redes sin supervisión parental y solo el 9% de los padres colombianos toman medidas preventivas, la iniciativa legislativa representa más que una simple restricción: es un reconocimiento de que la protección de los menores en el entorno digital requiere una estrategia integral. No se trata de prohibir, sino de establecer marcos claros de responsabilidad compartida entre familias, plataformas tecnológicas y Estado, donde la verificación parental, los sistemas de control y las sanciones significativas para las empresas que no cumplan se convierten en herramientas de protección.
El dilema entre regulación y censura
No obstante, regular no es sinónimo de censura. Mientras que algunos consideran que prohibir redes sociales es una forma de proteger a los ciudadanos, otros lo ven como una estrategia de los gobiernos para controlar el discurso público. En contraste con Australia, Colombia tiene un sistema legal menos robusto para enfrentar los desafíos de la era digital, lo que podría dar lugar a abusos de poder, infortunadamente. Y aplica para el Gobierno de la orilla política que sea.
Un enfoque más viable sería fortalecer la educación digital, implementar campañas contra la desinformación y fomentar un uso responsable de las redes. Además, las plataformas tecnológicas también deben asumir una mayor responsabilidad para moderar contenido y proteger a los usuarios vulnerables.
Por lo tanto, la prohibición de redes sociales en Australia plantea un dilema complejo. Si bien las preocupaciones que motivan estas decisiones son válidas, sus implicaciones podrían ser contraproducentes en países con contextos democráticos y socioeconómicos distintos.
En el caso de Colombia, una medida de este tipo sería difícil de implementar y podría generar más problemas de los que pretende resolver. Pero esto no deja de ser una medida que debería evaluase a profundidad por nuestros padres de la patria y los padres de familia tenemos una responsabilidad enorme en la educación mediante el ejemplo. Por ende, el debate debe centrarse en encontrar un equilibrio entre la protección de los ciudadanos y la garantía de sus derechos fundamentales.
